González no quiere que la IGAE investigue el Golf del Canal y el tren a Navalcarnero

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha recurrido la decisión del juez del caso Lezo de encargar a un perito de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que emita un informe sobre la «regularidad de la tramitación y ejecución» del campo de Golf del Canal de Isabel II y la adjudicación del tren a Navalcarnero.

En la pieza 2 de Lezo se investigan las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación de la construcción de las instalaciones de Golf Canal que se llevó a cabo entre los años 2003 a 2007 y en la adjudicación de la gestión y explotación de estas instalaciones que se desarrolló durante los años 2007 y 2012.

Mientras, en la llamada pieza 3 de la causa se investigan las posibles irregularidades cometidas en la contratación de la redacción del proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles-Central y Navalcarnero realizada en el año 2007.

Con el objetivo de avanzar en la instrucción, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitaba recientemente que un perito judicial de la IGAE emitiera «a la mayor brevedad posible, informe sobre la regularidad de la tramitación y ejecución de dichos expedientes y, especialmente, sobre la conformidad y adecuación en la aplicación y valoración de los criterios técnicos recogidos en los respectivos pliegos de condiciones en los informes técnicos de valoración emitidos».

La defensa de González ha presentado un recurso de reforma indicando que «debe dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el Juzgado considera que deben ser objeto de análisis».

El letrado del exdirigente popular señala que para que la práctica de dicha diligencia se desarrolle en términos óptimos, «los peritos que deban llevarla a cabo deben contar con toda la información necesaria, no sólo la documental que obra en la causa, o la que puedan instar, como indica la resolución que impugno, sino también con la que puedan ofrecer las personas que participaron en todos los expedientes de contratación que van a analizar. Por ello, es fundamental que, con carácter previo, se les tome declaración testifical a todos ellos».

«Ello es obvio», añade, «ya que se pretende analizar la regularidad en la tramitación y la conformidad con los criterios técnicos de las adjudicaciones, así como la declaración de interés general del proyecto modificado de construcción del campo de golf, pues deben acudir al Juzgado tanto los técnicos que elaboraron los pliegos de condiciones, como los que participaron en la valoración de las ofertas presentadas de los distintos expedientes, así como las personas que formaron parte de las Mesas de Contratación y elevaron al órgano colegiado la propuesta de adjudicación».

La defensa de González apunta además que «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materia que va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes».

Dos adjudicaciones bajo sospecha

Tal y como recoge el sumario del caso Lezo,  Ignacio González intercedió para que el Gobierno madrileño aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí y declarase las obras de interés general. En esas fechas, González era vicepresidente del Ejecutivo regional y presidente del consejo de administración del Canal de Isabel II, propietario de los terrenos.

Según los investigadores, gracias a González, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión del campo de golf al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que no era la mejor oferta económica. El grupo al que se adjudicó el proyecto estaba formado por varias empresas en las que participaban el hermano de Ignacio González, Pablo González, y su cuñado José Juan Caballero.

Sobre la supuesta comisión de 1,4 millones destinada al expresidente de la Comunidad de Madrid por la adjudicación del tren a Navalcarnero, los investigadores han acreditado que se hizo una transferencia por esta cantidad desde la filial de la constructora en México al banco Anglo Irish Bank en Suiza y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de la ‘jet set’, Adrián de la Joya. La UCO interceptó una llamada telefónica a González en la que señalaba a López Madrid como responsable de dicha transferencia.